Profunda crisis del sistema de pensiones


La Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social (CSS) hizo un diagnóstico abrumador sobre la fragilidad financiera del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Este programa tiene costos y gastos anuales por casi $1,698 millones, que corresponde a las pensiones que se le pagan a los jubilados.

Pero el dinero que entra a este programa, producto de los aportes de los cotizantes y del Estado, se está erosionando de forma dramática, porque cada año entra mucho menos de lo que se necesita para pagar a los jubilados, y las reservas ya se han empezado a usar.

Ello obligó a hacer corridas biométricas, que desde el 8 de octubre la junta actuarial compartió con la junta directiva de la CSS y con el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este informe se plantearon escenarios que reflejan duras salidas para que el sistema público de pensiones no colapse.

Los sacrificios serían enormes y el tiempo para tomar una decisión es limitado.

El diagnóstico estableció que el fin de las reservas será en 2025. Y para ese año, el flujo de caja negativo sería de entre $700 millones a $900 millones.

De allí que se hicieron varias corridas que dieron como resultado mover al extremo variables como la edad de jubilación, un alza en la cuota obrero-patronal y un aumento de los aportes que hace el Estado. Con ello apenas se ganaría un par de años de solvencia, pero el problema de fondo no se resolvería y la tensión social que se generaría sería demasiado alta.

Los escenarios estudiados, por ejemplo, implican que la edad de jubilación de los hombres podría llegar a los 67 años y la de las mujeres, a los 62 (actualmente es de 62 y 57 años, respectivamente), con aportes del Estado anuales por $610 millones, y una cuota obrero patronal de 16.5%, para que las reservas sigan con vida hasta 2050.

Hay otro escenario en el que la edad de jubilación de los hombres sería de 63 años y la de las mujeres, 58. Y así sucesivamente, se establecieron ocho supuestos para lograr que las reservas del SEBD se extiendan, pero todos retratan medidas traumáticas.

Existen muchas combinaciones de cambios que permiten equilibrar el sistema de pensiones, por lo que la junta técnica actuarial indicó que presentaron varias recomendaciones en forma de “escenarios” que permitan llegar a “un consenso nacional” para la solución óptima del equilibrio.

Por otro lado, mover solo una de las variables no parece suficiente.

Midieron, por ejemplo, el alcance de tomar una sola medida, como el alza de los aportes que realiza el Estado, algo inviable por los montos tan altos que esto implicaría.

De igual forma, si solo se lograra aumentar la edad de jubilación, los aportes de los trabajadores y las empresas no serían suficientes.

Aunque la situación era públicamente advertida y analizada por varios sectores de la sociedad civil, se carecía del informe actuarial oficial que validara de forma contundente las decisiones que ahora se tendrán que evaluar y adoptar.

No se trata únicamente de un problema en el flujo de caja para pagar las pensiones en un año particularmente malo respecto a las bajas recaudaciones, sino del inminente agotamiento de las reservas de aquí a que finalice el próximo lustro.

La actual administración de la CSS, liderada por Enrique Lau, ha reconocido que existe un problema estructural que hace insostenible el sistema a largo plazo, pero se han enfocado en encontrar el mecanismo de tapar el déficit de flujo de caja del IVM de los últimos dos años.

De hecho, esta fue la principal razón que motivó el estudio actuarial.

Encontraron que había un déficit de $48 millones en 2018, y en 2019, de $249.9 millones, específicamente en el subsistema definido del IVM.

La estrategia para tapar el hueco en el flujo de caja era demostrar la necesidad de usar fondos de un fideicomiso que se encuentra en el Banco Nacional de Panamá (BNP).

Pero para utilizar el fondo que permite compensar el déficit se requería la opinión de la junta técnica actuarial.

Respecto a este tema, el informe de la junta técnica recomendó solicitar al fiduciario los fondos del déficit contable por $48 millones, correspondientes al 2018, aunque anticipan que el déficit real del subsistema de pensiones es mayor al que se presenta en los estados financieros.

Hace poco, Lau dijo a este diario que su equipo de trabajo esperaba los resultados del informe actuarial para dar inicio a un diálogo nacional que convocará el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Al consultar el día de ayer al subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, sobre el contenido del informe, solo indicó que es la junta directiva de la entidad a la que le tocará hacer el análisis de las corridas.

Se conoce que a lo interno de la administración de la CSS hay una vertiente que se decanta por lo que consideran la opción menos costosa desde el punto de vista social: fundir nuevamente los programas del subsistema de beneficio definido y del subsistema mixto, creado en las últimas reformas de 2005 y basado en un ahorro individual para las nuevas generaciones.

Con esta reforma se evitó que el contagio de un sistema de pensiones enfermo se siguiera propagando.

El problema de una solución únicamente de este tipo es que si se toman las reservas del sistema mixto, estos fondos se podrían agotar en una década. Y la falta de dinero para el pago de pensiones alcanzaría a más personas.

El informe de la junta actuarial también refleja la cuestionada administración que existe en los programas que maneja la CSS, tras corroborar el arrastre de fallas contables tras la aplicación de sistemas contables, lo que incluso ha generado el ingreso de inversiones “artificiales” en el subsistema de pensiones.



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