Expertos aconsejan privatización atinada y precavida de la industria petrolera en Venezuela



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Experto desestima la legalidad de los llamados “contratos de servicios” firmados por PDVSA con empresas del sector.

 

Expertos desestiman que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro esté gestando la privatización de la industria petrolera venezolana y recomiendan que un proceso futuro con esa orientación se realice con prudencia y tino macroeconómico.

Por Gustavo Ocando Alex / voanoticias.com

Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela entre 2004 y 2013, denunció este fin de semana que Maduro “entrega el petróleo y privatiza PDVSA ante el silencio de un país devastado”.

El exministro, cuya reputación tacha la oposición venezolana, aseguró que la presunta privatización del sector hidrocarburos en Venezuela se realiza sistemáticamente desde 2017.

José Toro Hardy, economista y directivo de Petróleos de Venezuela entre 1996 y 1999, descarta la tesis de una privatización a hurtadillas de la empresa estatal en los últimos tres años.

José Toro Hardy | Foto: Unión Radio

 

“No creo que se haya producido una privatización, ni creo que políticamente sea viable” en el contexto contemporáneo, afirma, rotundo.

Considera que la idea de que el gobierno en disputa de Maduro adelante una privatización petrolera es nula. Argumenta que la falta de credibilidad oficial e irrespeto a los contratos firmados con empresas extranjeras imperan, a su entender, en la administración ejecutiva.

El retiro de China del sector petrolero venezolano, dice, está en marcha. Destaca que las empresas de la potencia asiática se retiraron del proyecto de la refinería de Cabruta, en Guárico, al sur de Venezuela, que involucraba una inversión de 13.000 millones de dólares.

También, China ha suspendido sus operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde llegó a aumentarse la producción de 105.000 a 165.000 barriles de crudo al día, menciona el experto.

“No pareciera que los chinos estuvieran dispuestos a seguir adelante”, diagnostica.

La empresa estatal rusa Rosneft encara una diatriba mayúscula en estas horas en Venezuela, considera el experto petrolero. Advierte que Rusia se ha convertido en el principal comprador de petróleo venezolano en un contexto de sanciones internacionales y advertencias de Washington.

El Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, realiza una conferencia de prensa en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de diciembre de 2019. (Foto de SAUL LOEB / AFP)

 

Elliott Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, dejó entrever a principios de febrero la posibilidad de medidas contra Rosneft por su respaldo al presidente en disputa.

La advertencia de voceros de Estados Unidos en los últimos días también incluyó a Chevron, empresa norteamericana; a Reliance Industries, de India, y a Repsol, de España.

Chevron emitió un comunicado este miércoles para reportar que su participación en la producción de petróleo en Venezuela cayó 16 por ciento: de 42.000 barriles por día en 2018 a 35.300 el año pasado. La compañía reivindicó su respecto a las leyes vigentes.

Toro Hardy cree que los rusos también entienden que la situación en Venezuela es inestable y prevé que evaluarán con detenimiento sus operaciones ante la advertencia de sanciones.

Anticipa que eventuales decisiones de Estados Unidos contra Rosneft arriesgarían el nicho de venta de petróleo y otros negocios que mantiene Rusia en suelo norteamericano, entre las que menciona las garantías del 49,9 por ciento de las acciones de la empresa venezolana Citgo.

“No los veo dispuestos a invertir”, asevera.

Toro Hardy categoriza la estrategia petrolera actual de Maduro como entreguista. “Creo que está tratando de entregar la industria, de buscar amigos incondicionales”, denuncia.

Desestima la legalidad de los llamados “contratos de servicios” firmados por PDVSA con empresas del sector, pues, recuerda, que no cuentan con el aval constitucional del Parlamento.

Foto lapatilla.com

 

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, está sometida a desacato desde 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia, leal al madurismo, y el Palacio de Miraflores desestima sus opiniones y decisiones sobre asuntos legales, como los acuerdos petroleros.

El poder legislativo declaró hace un año la nulidad de los contratos de servicios firmados entre PDVSA y empresas privadas del sector hidrocarburos, argumentando que se trata de un eufemismo que esconde la entrega de riquezas petroleras de la nación.

Directivos de PDVSA, como su vicepresidente de Exploración y Producción, Miguel Quintana, los defendieron diciendo que son “favorables” y se adaptan “a la necesidad de estos tiempos”.

PDVSA, un actor más

Toro Hardy cita estimaciones de expertos, críticos del madurismo, para afirmar que la recuperación de la producción petrolera venezolana necesitará de una inversión aproximada de entre 25.000 y 35.000 millones de dólares cada 12 meses durante ocho o 10 años.

Cree que Venezuela debe procurar “cuanto antes” mecanismos que resulten atractivos y competitivos en el mercado petrolero mundial. Insiste, eso sí, en que ese proceso de apertura debe regirse por un sistema público y transparente de licitaciones.

Esa recuperación no debe centrarse exclusivamente en PDVSA, acota. “Importa que el resto de la industria petrolera busque la fórmula adecuada, que PDVSA sea un actor más, pero que participen los demás actores con el vigor necesario para recuperar la industria”, comenta.

Recuerda, con tono de urgencia, que la vida útil del petróleo tiende a acortarse como consecuencia del calentamiento global. Aconseja que Venezuela se dedique fugazmente a monetizar sus reservas petroleras, atrayendo capitales capaces de agilizar su producción.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con aproximadamente 300 mil millones de barriles de crudo, según datos de la OPEP y la información estadística de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, CIA World Factbook.

La industria venezolana sufre una merma progresiva desde principios del siglo XXI, con especial acento desde 2014, cuando terminó el último boom petrolero mundial.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo reportó que Venezuela produjo 733.000 barriles de crudo al día (bpd) en enero. La caída, en comparación con el mismo mes de 2019, fue de 417.000 barriles al día.

En diciembre de 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, la producción era de 3.329.000 barriles por jornada, es decir, 2.596.000 bpd menos que en enero de 2020.

Toro Hardy opina que aquellas empresas legalmente activas en la industria petrolera venezolana continuarán sus operaciones con éxito en un eventual giro de timón gubernamental.

Recuperación con tinto y pausa

El economista Orlando Ochoa está de acuerdo con la participación de un sector privado “fuerte” en la redención de la industria petrolera venezolana en el postmadurismo, pero recomienda que ese proceso se lleve a cabo con cautela y tino.

Aconseja que el plan petrolero esté íntimamente coordinado con el proyecto de recuperación económica de Venezuela, toda vez que el 95 por ciento del ingreso de divisas proviene de la explotación de hidrocarburos y, asimismo, dos tercios de los ingresos fiscales del Estado.

Subraya que hay experiencias “dramáticamente malas” de procesos de privatización tras el colapso de modelos socialistas, como ocurrió en Rusia a finales del siglo XX.

“Un grupo de oligarcas cercanos al gobierno ruso se hicieron de los principales activos privados petroleros. Es un riesgo que tenemos nosotros. Podría terminar siendo un desastre”, indica.

Está de acuerdo en que Venezuela “abra espacios para una nueva inversión privada” de toda la cadena productiva del petróleo -refinación, producción, exploración, explotación e industrialización-, pues, dice, que el sector público está descapitalizado, endeudado y debe priorizar la agenda social.

Ochoa, experto en macroeconomía y petróleo, es partidario de que PDVSA reduzca su participación accionaria a menos del 50 por ciento en las empresas mixtas para permitir a sus socios privados dirigir las operaciones en los campos.

“Deben ser reformadas las leyes. Eso no menoscaba la capacidad de control y fiscalización del Ministerio de Energía y Petróleo. Lo que no se debe cuestionar es la propiedad del Estado en los yacimientos. Pueden ser compartidos o entregados para operaciones a privados”, señala.

Evalúa que el manejo de los campos petroleros de la PDVSA durante la gestión de Manuel Quevedo, su presidente, de formación militar, está “terriblemente limitado”.

Aprecia que la estatal petrolera debe reorganizarse, sanear sus finanzas y restablecer su reputación como empresa profesional, lo cual no es posible, según Ochoa, sin un plan económico de estabilización y recuperación del crecimiento exitoso.

El proceso de recuperación petrolera será “complejo y exigente”, pronostica.

No se atreve a adelantar sus formas ni sus tiempos antes de realizar una auditoría de los activos públicos. Insiste en que esa ejecución no debe divorciarse de la disciplina fiscal del Estado.

Tampoco observa la restitución de la industria petrolera y gasífera de Venezuela sin la inclusión de los servicios de agua y electricidad.

“Hoy, si quisiéramos reactivar 500 pozos en occidente y 500 en oriente y establecer que la mano de obra trabaje en dos turnos, habría que apagar el servicio eléctrico en la zona residencial de esas comunidades”, expresa, desencantado.

“DESESPERACIÓN” DEL MADURISMO

Eugenio Montoro, un experto petrolero y exgerente del Complejo Petroquímico Morón, tilda de “acto de desesperación” los planes del madurismo de abrir la industria al capital privado.

Las sanciones económicas y el modelo de gestión de Maduro, opina, generan un ambiente rico en inseguridad jurídica y restricciones en las operaciones que desalientan al empresario privado.

“Las posibilidades de que esto tenga éxito, por ahora, lucen muy bajas”, opina.

Recuerda que hay leyes aprobadas por el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela que restringen la apertura del mercado venezolano. Cita la más relevante: la Ley de Hidrocarburos, aprobada en 2008, que dio pie a la estatización de cientos de empresas privadas.

Montoro juzga que toda modificación de normas y reglamentos de la industria petrolera que se ejecute en un ámbito distinto al parlamento venezolano carecerá de legalidad.

Video VOA

Precisa que en el Plan País, el programa de gobierno del presidente interino Juan Guaidó, se incluye el escenario de que los privados ayuden a la recuperación de la industria petrolera.

Las prioridades, dice, serían el alza de la producción en campos ya activos, los proyectos de obtención de gas libre y la recuperación de las refinerías de Paraguaná (Falcón, occidente), El Palito (Carabobo, centro occidente) y Puerto La Cruz (Anzoátegui, oriente).

“Todo lo que se haga se va a parecer mucho a lo que se llamó la Apertura Petrolera”, opina, aludiendo al proceso judicial que autorizó, entre 1992 y 1999, antes del chavismo, la participación de capital privado en la exploración y explotación petrolera del país.

La idea, aclara, debe implementarse bajo el control y dirección del Estado venezolano.

Montoro, apunta que, según el Plan País, Venezuela podría volver a niveles de producción de tres millones de barriles de crudo siete años después de un cambio de gobierno.

Depuración

Iván Freites, secretario general del sindicato de trabajadores petroleros de Venezuela, cree que la masa laboral vería con buenos ojos la privatización parcial de actividades del sector si ello se traduce en mejores salarios y la rehabilitación de sus beneficios de alimentos.

“Los trabajadores añoran los beneficios que tenían cuando la industria petrolera era manejada por las empresas transnacionales, con gobernantes que exigían ese trato”, manifiesta.

Refrenda la iniciativa de incluir inversiones y capitales privados en el sector, pues considera que el Estado venezolano está en “una encrucijada” en la que se ha quedado sin dinero.

Propone la revisión de la nómina de PDVSA. Afirma que el 50 por ciento de ella, de aproximadamente 150.000 integrantes, no tienen formación en el sector petrolero, sino que cumplen roles políticos e ideológicos por mandato del gobierno en disputa.

“La industria petrolera tiene que ir a un proceso de depuración”, concluye.



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