Diez casos judiciales que cerraron sin culpables


El debate sobre la efectividad de la justicia en el manejo de procesos de alto perfil volvió al escenario público, luego de que se declarara prescrita la acción legal para uno de los investigados por presunta corrupción en el caso del bingo Buko Millonario.

Representantes de la sociedad civil coinciden en que lo ocurrido alimenta la percepción de impunidad que ya existe en el país por otros procesos que también han sido declarados prescritos o cerrados, debido a tecnicismos legales.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que las autoridades judiciales tienen una deuda con la población respecto a procesos cuyos resultados no han sido contundentes y, por tanto, no reflejan un compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A su vez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó que la justicia ha dejado de operar eficientemente debido, principalmente, a que los juzgados y tribunales no han sido adecuados para el manejo de estos casos.

A continuación, 10 historias vinculadas a corrupción, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales, entre otros delitos, donde se mencionó a exfuncionarios, empresarios y personas ligadas al poder, que tienen un final común: terminaron sin culpables.

El Cemis

En agosto de 2014, la Corte Suprema de Justicia anuló la investigación sobre el presunto pago de sobornos a diputados para la aprobación, en 2002, del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis). ¿El motivo? La defensa del expresidente Martín Torrijos –investigado en el caso– alegó que las autoridades nunca pidieron levantarle el fuero que tenía como diputado del Parlacen. Este escándalo estalló el 16 de enero de 2002, cuando el entonces legislador Carlos Tito Afú denunció el pago de coimas para que aprobaran el proyecto.

Caso radares

El 6 de abril de 2017, la Corte acogió un amparo presentado por el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y anuló parte de la investigación seguida a él y al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, por la compra de 19 radares al consorcio italiano Finmeccanica. Los radares, que costaron $125 millones, resultaron poco eficaces. El 17 de septiembre de ese año, la Sala Penal confirmó una decisión del Segundo Tribunal: sobreseimiento provisional a favor de los investigados.

El florista

En 2013, el Juzgado Tercero Penal archivó el caso que se seguía a César Segura, un florista que obtuvo la cesión gratuita de un relleno en Punta Paitilla, valorado en $11 millones, que luego fue traspasado a una sociedad vinculada a Gabriel Btesh y Felipe Virzi, quienes no fueron procesados.

Un caso derivado de otro

En septiembre de 2016, el Segundo Tribunal cerró el proceso seguido a Nicolás Corcione, Felipe Virzi, Ricardo Calvo, Julián París, Jorge Espino, María del Pilar Fernández (esposa del exmagistrado Alejandro Moncada Luna) y otras 10 personas por presunto blanqueo. El caso guardaba relación con los hechos por los que Moncada Luna fue condenado en marzo de 2015 a cinco años de prisión, por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Fifagate

En noviembre de 2017, el Juzgado Decimoctavo Penal declaró prescrito el delito de corrupción por el que se investigaba a Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, en medio del escándalo mundial Fifagate. Paradójicamente, en diciembre de 2019, el comité de ética de la FIFA lo encontró culpable de “cohecho” y fue suspendido de por vida de toda actividad relacionada al fútbol.

Ciudad hospitalaria

En julio de 2018, el Juzgado Octavo Penal dictó un sobreseimiento definitivo para siete exfuncionarios que eran procesados por presuntas irregularidades en el proyecto de la Ciudad Hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud. Entre ellos, Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la Caja de Seguro Social, y Javier Díaz, exministro de Salud.

Amador

Mientras, en agosto de 2019, el Segundo Tribunal Superior confirmó un fallo del Juzgado Decimocuarto Penal que sobreseyó definitivamente a 22 personas acusadas de la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA). Este proceso guardaba relación con presuntas irregularidades en un préstamo de $9 millones otorgado por la CA a la empresa HPC-Contratas-P&V para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

Comida deshidratada

En diciembre de 2019, el Juzgado Decimoquinto Penal absolvió a los cinco investigados por supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados en $44.9 millones, durante el periodo de gobierno 2009-2014. La sentencia benefició a dos exministros de esa administración.

Caso Riego de Tonosí

En tanto, en un fallo del pasado 11 de septiembre, la Sala Penal de la Corte confirmó la nulidad parcial de la investigación seguida a 14 funcionarios y 19 particulares por irregularidades en el proyecto para la construcción de un sistema de riego en Tonosí, Los Santos.

Caso pinchazos

El 9 de agosto de 2019, un tribunal de juicio declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos.

Luego, la Sala Penal no admitió el recurso de casación presentado por tres de los querellantes en el proceso contra dicha sentencia, y se declaró incompetente para conocer otros dos recursos de anulación con causales de casación presentados contra el fallo. Estos dos últimos recursos fueron expuestos el pasado 15 de octubre ante un Tribunal de Apelaciones, cuyos miembros, los magistrados Diego Fernández, Yiles Pittí y Donaji Arosemena, decretaron un receso hasta el 20 de noviembre, cuando darán a conocer su veredicto.

Por las interceptaciones no autorizadas fueron condenados dos directores del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli: Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.



MÁS INFORMACIÓN

Facebook
%d bloggers like this: