¿Consulta ciudadana? | La Prensa Panamá


El municipio de Panamá convocó a los 679,792 capitalinos a una consulta ciudadana sobre el proyecto de recuperación integral de los espacios de uso público, movilidad urbana y playas de Calidonia y Bella Vista, o como muchos lo conocemos: “la playa de la Cinta Costera”. Esta consulta será el 12 de marzo a las 5:00 p.m. en el salón Vasco Núñez de Balboa, cuya capacidad máxima es de 5,000 personas. Es decir, solo 0.7% de los capitalinos podrán participar.

Legalmente, la consulta ciudadana es uno de los mecanismos de participación que las autoridades, en este caso, del municipio de Panamá, tienen el deber de aplicar en la mayoría de los proyectos que busquen ejecutar, a fin de conocer las opiniones, criticas, aportes y comentarios de la comunidad involucrada.

La ley de descentralización no menciona expresamente los efectos jurídicos de estos mecanismos. Es decir, no es evidente si las opiniones y aportes de la ciudadanía son de obligatorio cumplimiento para las Autoridades. Por lo que, mientras tienen el deber de preguntar, no existe un deber legal explícito de acatar la voluntad de la comunidad. Prueba de este debate es la diferencia de criterios entre la vicealcaldesa y el alcalde, ya que la primera afirma que la consulta no es vinculante mientras que el último, asevera que va a serlo.

Por otro lado, el procedimiento optado para la consulta también podría resultar problemático. Si bien, la ley de descentralización no regula lo relacionado al proceso, menciona que se deben tomar las medidas para asegurar la inclusión social, la interculturalidad, paridad de género, diversidad étnica y cultural. Lo anterior, a fin de legitimar la consulta. El objetivo de incluir la participación ciudadana no fue crear un requisito administrativo adicional, sino un método eficaz en el que la población pueda tener una injerencia directa en las decisiones que le afectan. Por tanto, si el proceso llevado a cabo por las autoridades no cumple ese objetivo, igual podría ser considerado ilegítimo y, por tanto, ilegal.

¿Una sola convocatoria con votación a mano alzada es suficiente para determinar la voluntad de la comunidad?

Ahora bien, lo positivo es que no estamos solos en este proceso. Varias organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, han incentivado y apoyado la inclusión de métodos de participación ciudadana en procesos nacionales, publicando lineamientos, estándares y recomendaciones sobre buenas prácticas que los países pudieran implementar a fin de contar con procesos más inclusivos y efectivos.

Por ejemplo, se sugiere crear canales permanentes, físicos y electrónicos, de diálogo. Tomando en cuenta las opiniones de la ciudadanía a fin de empoderarla para que tomen control de sus vidas y sugieran soluciones a los problemas que enfrentan. Es decir, no imponer proyectos, sino incluir a la ciudadanía en la determinación de cual es el mejor uso de los recursos.

Una decisión consciente y deliberada no puede tomarse sin conocer toda la información relevante. El argumento de que un proyecto “traerá al turismo y mejorará la calidad de vida” no es suficiente. Se requiere que se informen cifras, beneficios y riesgos, de forma sencilla pero contundente.

La ciudadanía tiene el derecho de decidir, y las autoridades el deber legal de preguntar, si se necesitan más aceras, parques, centros educativos, de salud o recreativos o playas.

La autora es miembro de la Fundación Libertad



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