Concursos de carrera judicial tardarán un año


El anuncio hecho por el pleno de la Corte Suprema de Justicia de declarar vacantes los cargos de magistrados del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelaciones, para ser nombrados a través del procedimiento que establece la ley de Carrera Judicial, no significa que estos concursos se abrirán de forma inmediata.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia informaron que ahora el Consejo de la Carrera Judicial –al que no pertenece ninguno de los magistrados del pleno–, debe hacer la convocatoria para los concursos, y que este proceso tomará aproximadamente un año y tendrá un costo de unos $18 millones.

Además, será necesario que el Órgano Ejecutivo destine los fondos necesarios para cristalizar los concursos y que las designaciones se hagan efectivas.

En el caso de los magistrados de Tribunales Superiores y de Apelación, el Consejo de la Carrera Judicial deberá establecer una comisión de evaluación (compuesta por dos magistrados y un juez de la especialidad, un catedrático de Derecho de la Universidad de Panamá y un representante de la entidad encargada del entrenamiento y formación judicial) que deberá aplicar pruebas de oposición, mientras que las listas de elegibles que resulten de tales procesos serán utilizadas para llenar las vacantes existentes, en el mismo orden que ocupen los aspirantes.

La fuente detalló que la filosofía detrás de la implementación de la Carrera Judicial es quitarle poder y control a los magistrados de la Corte y lograr una mayor independencia de los jueces y magistrados.

Detalló que hay dos maneras de obtener el cargo de magistrado de Tribunal Superior. Una es por traslado y ascenso (se hace una competencia y se selecciona), es decir, los jueces de circuito pueden aspirar al cargo de magistrado. La otra, por un concurso abierto, en el que pueden participar profesionales que no forman parte del Órgano Judicial.

El tema financiero, reconoció la fuente, es el principal obstáculo, por los recortes presupuestarios realizados. Por tanto, corresponderá a los magistrados de la Corte hacer las gestiones ante el Órgano Ejecutivo para la obtención de los recursos económicos adicionales.

Tribunal Especial de Integridad y Transparencia

En cuanto al Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, al que le corresponderá vigilar las actuaciones de todos los funcionarios de la Carrera Judicial, se trata de toda una nueva jurisdicción, por lo que implica la escogencia de sus magistrados. También conlleva la designación de nuevos jueces y el resto de los funcionarios que deberán tramitar los procesos por faltas a la ética.

Este tribunal estará integrado por cuatro magistrados que serán seleccionados a través de sistema de méritos, según los mecanismos establecidos a través de la ley de carrera.

La fuente consultada calculó que el proceso de selección de estos magistrados también tomará cerca de un año y el nuevo tribunal requerirá de la asignación de recursos para su funcionamiento.

Reacciones

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, detalló que la Ley de Carrera Judicial se ha estado implementado de forma paulatina, y que una de las dificultades para su avance ha sido la falta de recursos.

Lee estimó que aún quedan muchos aspectos por definir en cuanto a la implementación de esta ley, ya que se requiere crear plazas de trabajo que en este momento no existen y eso exige dinero.

Mientras, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, opinó que la decisión del pleno de declarar vacantes los cargos de magistrados de Tribunales Superiores y del Tribunal de Apelaciones es un paso en la dirección correcta, para que todos los cargos sean ocupados por mérito.

Para Araúz, la administración de justicia requiere de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios.

Además, reconoció que estas nuevas estructuras y la designación de personal constituyen una erogación importante de recursos económicos.



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