Acuerdo con el PNUD podría extenderse por cinco años


El nuevo diálogo nacional por las reformas constitucionales tomará un tiempo “muy superior a cinco meses” y tendrá representantes de diferentes sectores en las que no podrán faltar jóvenes, mujeres y las distintas etnias que integran el país.

Así lo establece el memorando de entendimiento firmado entre el Ministerio de la Presidencia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al que tuvo acceso este diario.

El documento, hasta ahora inédito, señala que el acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de una prórroga de dos años más.

Se proyecta hacer consultas a través de mesas comarcales y provinciales, cuyos aportes deben ser analizados en la mesa nacional, que incluirá, además de los partidos políticos, a los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Según el documento, para que un acuerdo tenga el consenso mínimo tendría que tener la aprobación del 75% de los sectores que se sentarán a la mesa. Se deja claro que el PNUD solo será facilitador.

Diálogo sobre reformas empezará este mes

Responsabilidades y compromisos es lo que plantea el memorándum de entendimiento que firmó el vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, con Linda Maguire, representante del PNUD, un documento hasta ahora inédito, al que tuvo acceso este diario.

Este memorando, de cuatro páginas y dividido en ocho artículos, tiene un anexo con la hoja de ruta que debe seguir dicho organismo internacional, así como el Ejecutivo a través del ministerio de la Presidencia.

El documento deja claro que el propósito del PNUD es acompañar al Ministerio en un nuevo proceso de diálogo, “inclusivo” y “participativo”, que concluya en una propuesta de reforma constitucional.

Se plasma también que todas las partes involucradas en las consultas, según los artículos III y IV del memorando, están comprometidas a “intercambiar” información y a hacer público los acuerdos de “cooperación”.

El artículo V establece todo sobre la rescisión, renovación y modificación del memorando. Se platea que la cooperación del PNUD tendrá una duración inicial de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor (23 de diciembre de 2019), más la posibilidad de prorrogar el acuerdo por dos años más.

Añade que “la rescisión del memorando no afectará ningún otro acuerdo relacionado con el contenido del mismo que, que a menos que se rescinda o expire, continuará regulando la relación existente entre las partes de conformidad con sus disposiciones”.

El memorando solo podrá sufrir cambios mediante acuerdo mutuo por escrito.

Dicho acuerdo constituye “únicamente” una expresión de intención y no un documento “jurídicamente vinculante”, es decir, que nada de lo dispuesto en el memorando podrá interpretarse en el sentido que cree un compromiso jurídicamente vinculante, ya sea financiero o de otro tipo.

Hoja de Ruta

La hoja de ruta definida por el PNUD está basada en nueve puntos y establece el rol de cada sector. La contraparte del Estado en esta hoja de ruta es el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta agenda deja claro que un proceso de diálogo de esta naturaleza necesita desarrollarse en un clima de confianza y serenidad, en un tiempo estimado “muy superior a cinco meses”.

Por ello, se acordó “suspender” la actual discusión de las reformas en la Asamblea Nacional. “En esta óptica se recomienda suspender la actual discusión en la Asamblea Nacional, hasta tanto se concluya el proceso de diálogo”, precisa la hoja de ruta.

Se acordó, por ejemplo, la creación de mesas provinciales y comarcales. En estas mesas no solo se sentarán los sectores y organizaciones más representativas, también lo harán los diputados, quienes deberán participar activamente del proceso. En estas mesas “no podrán faltar la representación juvenil, de mujeres y la étnica”.

Se establece que los representantes de estas mesas discutirán conceptos, principios y temas, sin entrar en la formulación puntual de artículos de la Constitución. “En los niveles locales se buscarán acuerdos entre los actores para la presentación de propuestas. Sin embargo, en caso de no conseguir consensos, la propuesta no será descartada, sino que será enviada a la mesa nacional”.

Según el documento, luego de estas consultas se entablará una mesa nacional de diálogo, que seguirá los mismos criterios que las mesas provinciales y comarcales, y se alimentará de los insumos de estas. En este nuevo foro, aparte de los representantes de las mesas provinciales, se sentará un representante de los partidos políticos, del Órgano Ejecutivo y del Legislativo.

“La mesa nacional tiene la responsabilidad de transformar los concepto y principios recibidos de las mesas provinciales y comarcales en texto de reforma constitucional acordados según los criterios establecidos”, dice el documento.

Agrega, además, que esta mesa contará con el apoyo de un equipo de expertos nacionales de reconocida trayectoria e imparcialidad, que convertirán las propuestas de las mesas provinciales y mesas comarcales en texto de artículos constitucionales. “En la mesa nacional se realizará una separación adicional entre temas constitucionales, propuestas de leyes y políticas públicas”.

Sobre las propuestas que se discutan en la mesa se expone que antes de votarse se buscarán todos los caminos de consenso. Cuando una propuesta no alcance la mayoría calificada del 75% del respaldo de los actores, la misma se rechazará y se mantendrá la vigencia del artículo actual de la Constitución.

Cronograma

La hoja de ruta del PNUD prevé que el proceso se inicie este mes y termine para junio de 2021, “no obstante, señala que “la estimación es debido a que factores no controlables pueden dilatar sus tiempos de duración”. Para el proceso de diálogo también se acordó hacer encuestas sobre temas específicos, si así lo solicitaran las mesas.

No se prevén aportes de expertos internacionales en el contenido de los temas a discutir, ya que la Constitución es materia de exclusiva competencia de los panameños.

Suspensión o retiro, el debate jurídico sobre las reformas constitucionales

Un nuevo debate se sumó a la “solicitud” de retiro que hiciera el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a la Asamblea Nacional sobre las reformas constitucionales. Por un lado el mandatario habla de “retirar” el proyecto de la Asamblea y, por el otro, el memorando de entendimiento habla de “suspensión”.

El artículo 119 del Reglamento Interno del Legislativo plantea que una propuesta puede ser retirada del debate, siempre y cuando no se le haya hecho cambios. En ese sentido, este medio conoció que la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que dirige el perredista Leandro Ávila, consultó a la Oficina de Asistencia Técnica del Legislativo sobre la “viabilidad” de esa propuesta.

El asesor legislativo Agapito González planteó que aunque existe la limitación legal sobre el retiro de una iniciativa, si los diputados presentan al pleno la solicitud de retiro, esta debe ser llevada a discusión y, de ser aprobada, el proyecto quedará archivado. “Cumplida la discusión de la propuesta, esta debe ser sometida a votación, la que se entenderá aprobada con el voto de los presentes, según lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento Interno”.

Sin embargo, hay quienes consideran que un Reglamento Interno no está por encima de la Constitución, que en base al artículo 313, numeral 2, le dio vida al proyecto de acto constitucional. Por ello la discusión de la reforma debería suspenderse y no retirarse el 16 de enero, pues la Asamblea ya inició un proceso. Ávila, por su parte, dijo que el jueves estarían analizando el tema de las reformas constitucionales. Se conoció que la Comisión podría respaldar el criterio del asesor González.



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